La tormenta en Adif se lleva por delante al jefe del AVE

Fomento destituye a Javier Gallego tras poco más de un año en el cargo y con varias adjudicaciones de tramos de la alta velocidad en el aire. Le sustituye Isabel Pardo, próxima a la ministra Pastor

Las aguas bajan revueltas en Adif. El gestor público de la red ferroviaria española acaba de destituir a Javier Gallego, director general de Explotación y Construcción y máximo responsable de las obras del AVE. Gallego, que llegó al cargo a comienzos de 2015, será relevado por Isabel Pardo, ex gerente del corredor del Noroeste de la alta velocidad y próxima a la ministra de Fomento Ana Pastor.

Este cambio en la cúpula directiva coincide con un momento especialmente delicado para la compañía. En juego están varias de las concesiones adjudicadas para terminar los tramos pendientes del AVE en Galicia, País Vasco y Extremadura.

Se trata además del segundo relevo en este mismo cargo en año y medio. En diciembre de 2014, Antonio Gutiérrez dimitía después de que el túnel de la alta velocidad en Girona se inundara dos veces en un corto espacio de tiempo.

Los problemas de Adif no se acaban ahí. Julio Gómez-Pomar, secretario de estado de Infraestructuras, abrió este martes en Barcelona la caja de los truenos en torno a las obras de la estación de La Sagrera. Los sobrecostes de las empresas adjudicatarias podrían superar los 200 millones en un caso que ya investiga la Fiscalía Anticorrupción.

Contratos en revisión

El panorama que se encuentra Gallego no será fácil de gestionar. Según publica este jueves el diario Expansión, Adif se plantea la rescisión de hasta tres contratos ya asignados en las obras del AVE en el País Vasco. Todas ellas vinculadas al nudo ferroviario de Bergara y adjudicados a una UTE liderada por Comsa, Isolux y Acciona.

La situación en Galicia tampoco es fácil. Actualmente hay varios tramos paralizados, mientras que una de las obras ejecutadas por el grupo gallego Puentes y Calzadas se encuentra en proceso de rescisión al haber superado el plazo máximo de seis meses con el proyecto paralizado.

 

 

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