La justicia paraliza el gran parque acuático de Gran Canaria

Suspendida de manera cautelar la concesión de suelo público por parte del Cabildo para la construcción del Siam Park, al sur de la isla. El grupo Loro Parque, dueño de un espacio similar en Tenerife, tiene previsto invertir 60 millones de euros en el proyecto 

Frenazo judicial a uno de los grandes proyectos turísticos en las Islas Canarias. Una juez de las Palmas de Gran Canaria ha ordenado la suspensión cautelar de la concesión pública para la construcción del parque acuático Siam Park, al sur de la isla. Los terrenos, que ocupan 121.000 metros cuadrados de suelo público, habían sido cedidos por la administración al grupo Loro Parque, propietario de un parque similar en Tenerife.

Las reacciones por parte de la administración no se han hecho esperar. El presidente del Cabildo, Antonio Morales, ha pedido una resolución «Ã¡gil» del caso y que «no se frene» el proyecto, ubicado en el barranco de El Veril y que pretende revitalizar una industria que en Gran Canaria carece del peso que sí tiene en el resto del archipiélago. 

Un recurso desde la empresa privada

El juzgado administrativo número 3 de Las Palmas admite así la petición de la empresa Lebensraum Wassers SL, que ha recurrido la concesión al considerarla ilegal, y que había solicitado su suspensión cautelar mientras no se resuelva el caso.

El argumento principal de la acusación y al que ha accedido la juez alega que la ocupación de los terrenos «no restringe una actividad pública, sino de aprovechamiento privado». Y que, en caso de que el proyecto siguiese adelante, esta empresa sufriría un «perjuicio irreparable», al quedar la zona modificada. 

Respaldo de la administración 

Al contrario de lo ocurrido en casos similares, la instalación ha recibido el respaldo de diferentes administraciones, entre ellas el propio Gobierno de Canarias, que incluso ha modificado el trazado del futuro tren a Maspalomas para que no lo obstaculice. 

Previsiblemente, el grupo Loro Parque, el Consejo Insular de Aguas y el Cabildo de Gran Canaria interprondán un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias contra la suspensión cautelar. 

a.
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