La Generalitat estudia tomar el control de Boí Taüll

El Govern ha encargado una due dilligence para valorar cuanto cuesta reactivar la estación

Boí Taüll no puede esperar a que el concurso de acreedores se resuelva. La estación de esquí necesita que sus trabajadores acondiciones las instalaciones para hacer frente a la temporada de nieve. Dada esta situación, la Generalitat ha encargado una due dilligence, según fuentes de la compañía, para saber cuánto dinero necesita para reactivar la compañía. Para esta semana, se ha fijado una reunión para decidir cómo proceder. Encima de la mesa, reposa la opción de que la propia Administración gestione la montaña hasta que se logre el convenio.

A la Generalitat no le queda otra opción que aportar fondos. Si Boí Taüll no arranca en condicones para iniciar la temporada en otoño, la situación en la comarca de la Alta Ribagorça (Lleida) podría ser dramática, ya que la empresa significa el 66% de su PIB. La administación pública debe decidir ahora mediante qué organismo lo hace, si por Avançsa o por el Institut Català de Crèdit (con el que la estación de esquí mantiene ya un crédito hipotecario de unos siete millones de euros).

Tercera estación para FGC

La gestión, apuntan las mismas fuentes, iría destinada a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), que en la actualidad ya se encarga de dirigir las estaciones de la Molina y Port Ainé. Sin embargo, el Govern también podría ceder el control aunque bajo una estricta supervisión.

Por otro lado, el concurso de acreedores de la estación de esquí sigue su camino. Tras varias semanas de reuniones, el administrador concursal tiene encima de la mesa una propuesta de convenio que parece convencer a las entidades financieras (Bankia, CatalunyaCaixa, CAM y La Caixa) mientras que la Generalitat habría acercado sus posiciones. El convenio podría llegar en noviembre o diciembre.

La propuesta, que la semana que viene se debería presentar ante el titular del juzgado mercantil número 5 de Barcelona, ofrece tres escenarios posibles. El primero, mantener el montante total del pasivo intacto –unos 40 millones de euros– y alargar el plazo de pago a 15 años. La segunda alternativa es realizar una quita del 40% sobre el pasivo y prolongar el plazo de pago a 10 años con los dos primeros de carencia. La última posibilidad vuelve a dejar intacto el pasivo, pero a diez años con la posibilidad de concurrir en préstamo participativo que vencería en el último año.

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