Los refuerzos de la Guardia Civil desembarcan en El Prat

El ministro de Fomento Íñigo de la Serna anunció que «ya se ha puesto en marcha» el dispositivo de la Guardia Civil para reforzar las líneas de control en el aeropuerto de Barcelona, que darán apoyo en caso de que se realice la huelga indefinida de 24 horas prevista a partir del próximo lunes.

El domingo los trabajadores de seguridad de Eulen volverán a votar la propuesta económica elevada por la Generalitat, pero en caso de que vuelva a ser rechazada, el Gobierno busca que la Guardia Civil evite el colapso del aeropuerto el día siguiente.

De la Serna ha destacado que después de que el viernes se pidiera al instituto armado que iniciara los preparativos del dispositivo, éste ya está en marcha y hay efectivos de la Guardia Civil que se están desplazando al aeropuerto de El Prat, procedentes de otras comunidades autónomas.

De hecho desde el viernes los guardias civiles ya están colaborando en la manipulación y control de equipajes. Por lo general su presencia está algo alejada de los escáneres, y vigilando que no haya problemas de seguridad o conflictos cuando los atraviesan los pasajeros.

Ya hay guardias civiles que desde el viernes están colaborando con el control del equipaje de los pasajeros

Por las dudas la Generalitat desplegará efectivos de los Mossos d’Esquadra en el recinto anterior a los controles, un área que suelen vigilar la Guardia Civil pero que así quedan liberados para trabajar en los filtros.

El ministro precisó que si se comprueba que los efectivos enviados son insuficientes los puestos de control se reforzarán con más uniformados. Por ello el ministro ha remarcado que la asamblea que celebrarán mañana los trabajadores de Eulen es la «última oportunidad» que tienen para votar de forma favorable a la mediación.

El Gobierno mueve los engranajes para el laudo arbitral

De la Serna ha anunciado que la Moncloa ya ha puesto en marcha el procedimiento para el laudo arbitral obligatorio. Según ha precisado, será el Gobierno el que determine ese procedimiento para establecer un árbitro que diga, con carácter vinculante para las partes, cuáles son las condiciones laborales para los trabajadores.

De la Serna ha declarado que confía en la responsabilidad de los trabajadores, pero ha enfatizado que el Gobierno «nunca va a permitir que millones de españoles están sujetos a decisiones y posturas intransigentes de unos pocos».

El ministro De la Serna descarta que el conflicto de El Prat se extienda a otros aeropuertos.

De la Serna no cree que este conflicto vaya a extenderse a otras infraestructuras de transportes, porque, según remarca, para las negociaciones de las condiciones laborales y salariales en el conjunto del sector servicios, y en especial en los servicios de carácter estratégico, el marco adecuado es la mesa sectorial a nivel nacional.

Plantillas bajo mínimos

Las asociaciones de guardias civiles anunciaron que acatarán la decisión del Gobierno pero protestaron porque la plantilla del cuerpo de seguridad «se encuentra bajo mínimos” y, además, las funciones de control en aeropuertos debe llevarse a cabo por agentes especializados y con autorización de AENA, precisaron. “No tenemos plantilla suficiente y, sin embargo, hay que reforzar lo que otros no hacen», describe Jesús Martín Vázquez, portavoz de la Unión de Oficiales (UO).

Los sindicatos de guardias civiles critican que el Gobierno los convoque tras haber privatizado la seguridad de los aeródromos

Los representantes sindicales se quejaron de que «sean los agentes de base quienes terminen pagando las consecuencias del conflicto laboral» de los vigilantes, y pidieron que el Gobierno asuma “las consecuencias negativas de privatizar la seguridad”.

Protestas de las centrales obreras

La UGT rechazó que la Guardia Civil despliegue más efectivos en El Prat. «No es de recibo que el Gobierno intente utilizar la Guardia Civil para cubrir los puestos de trabajo de la seguridad privada. No se pueden coger atajos para solventar el tema», ha advertido el secretario general Pepe Álvarez, que ha acusado al Gobierno de «intentar matar moscas a cañonazos».

CCOO de Cataluña también criticó la decisión ministerial, que dice que junto a unos “servicios mínimos abusivos”, de un 90 %, y el planteamiento de un arbitraje obligatorio «atentan gravemente contra el derecho de huelga».