El fantasma de la huelga de El Prat flota sobre Barajas

¿Puede un sindicato con poca representación estatal, pero con mucha influencia en la empresa contratante, paralizar un aeropuerto? Sí, es posible, y el mejor ejemplo fue la huelga de vigilantes de El Prat, que generó largas colas y un conflicto con Aena y la empresa Eulen durante agosto.

Es posible que el aeropuerto de Barajas se repita el caso. La Federación de Sindicatos Autónomos (FSA-ATES) ha convocado a la plantilla de seguridad a realizar una serie de paros parciales del 28 de noviembre al 11 de diciembre, y del 22 de diciembre al 8 de enero; o sea, que afectaría la semana del puente de la Constitución y las vacaciones navideñas. Además se centraría en los horarios de mayor afluencia de pasajeros: de 5:30 a 6:30, de 10:30 a 11:30, de 14:00 a 15:00 y de 19:00 a 20:00 horas.

Según precisaron fuentes sindicales, FSA tiene muy poca representación entre los trabajadores de la seguridad privada, pero sí cuenta con mucha influencia entre los empleados de Prosegur, la empresa tercerizada por Aena para controlar los filtros de seguridad del aeropuerto madrileño.

Precisamente, la medida que convoca FSA-ATES choca con la intención de los sindicatos mayoritarios UGT y CCOO, que han firmado un acuerdo con el Gobierno, Aena y la patronal del sector para contar con un nuevo convenio para el sector de la seguridad privada.

Los reclamos del sindicato

En el caso de Barajas, el sindicato convocante dice que las negociaciones con Prosegur concluyeron “sin éxito”, y tras el levantamiento del paro convocado para el 14 de julio, ahora han vuelto a anunciarlo, tras la aprobación del 98% de los vigilantes y el 99% de los auxiliares que participaron de las asambleas.

FSA asegura que la empresa no facilita «la mínima conciliación familiar» y que los descansos previstos se ven afectados en función del «volumen de pasajeros, hasta el punto de no poder ir al baño cuando lo necesitamos o no poder comer un ‘bocadillo’”.

También afirman que “con menos salario no llegamos a fin de mes”, que el “elevado déficit en la formación” acarrea sanciones y despidos, y que se realizan horas extras que sobrepasan las indicadas por el estatuto del sector.