El Gobierno abre la puerta a la privatización definitiva de Aena
El ministro de Fomento reconoce que el Estado contempla la posibilidad de hacer caja con la venta de más acciones del gestor aeroportuario
Si a Aena ya se le acusa de pensar más en sus accionistas que en los viajeros, las prioridades podrían hacerse evidentes de hacerse realidad la nueva idea del Gobierno. El ministro de Fomento, Íñigo De la Serna, reconoce que el Estado contempla vender un nuevo paquete de acciones del gestor aeroportuario para hacer caja. Una privatización que llevaría al país a perder el control de manera definitiva de la compañía.
«Tiene que ser algo muy meditado», advierte en una entrevista a EFE. El titular admite que existen varias posibilidades para realizar el traspaso, pero se niega a dar más detalles antes de analizar «todas y cada una de las variables y conocer todas las ventajas y desventajas de cada una».
No sólo Aena está en juego. Otras empresas públicas dependientes de la cartera, como Renfe, Adif y Puertos del Estado, también pasarán por un proceso de reflexión. «Ahora no es el momento de pronunciarme ni de tomar decisiones», despeja.
La privatización serviría para ajustar el déficit de 8.000 millones de euros
Tras la investidura de Mariano Rajoy, varios medios ya especularon con la posibilidad de caer en manos privadas para ajustar el déficit público –cifrado en 8.000 millones de euros por la Comisión Europea–. La alternativa, recortar el gasto público y subir los impuestos, explicaban.
Así, De la Serna justifica la pérdida de control del gestor en la intención de dotar de mayor músculo la internacionalización de Aena. Actualmente la firma española ya participa en el aeropuerto londinense de Luton y en varios del Caribe. «Quizás no se pueda abordar un proceso de expansión internacional ambicioso sin tener en cuenta la posible ampliación del capital privado», sentencia el ministro.
El Estado todavía mantiene el 51% de la sociedad después de la salida a bolsa en el primer trimestre de 2015. Tras su debut en el parqué, la participación pública está valorada en 9.500 millones de euros. De rebajar su parte hasta el 40% –algo que se barajó en la anterior legislatura–, el erario captaría 2.000 millones más. «Antes habría que reformar la ley que impide vender la mayoría de la empresa», recuerdan en el Gobierno.
