El conflicto en El Prat se radicaliza

La radicalización de los trabajadores de El Prat en el conflicto que mantienen con Eulen activará los mecanismos que tenía previsto el Ministerio de Fomento: refozar los controles con la Guardia Civil y convocar a un laudo arbitral para terminar con la huelga.

Los trabajadores rechazaron, por segunda vez, la propuesta de la Generalitat de elevar el plus a 200 euros mensuales, y que se abone en 12 pagas. El resultado de la nueva elección fue de 150 votos por el ‘no’ y 36 por el ‘sí’, sobre un padrón total de casi 400 empleados. O sea, el 37% de la plantilla ha decidido seguir con la huelga indefinida.

Un día antes de que se realice la asamblea, el asesor de los huelguistas, Juan Carlos Giménez, había declarado que veía poco probable un cambio de posturas de los trabajadores.

Posiciones más duras

Varios factores impulsaron a los trabajadores a mantener la huelga indefinida, que comenzará este lunes.

Alrededor de un 75% de los empleados de Eulen cuentan con más de cinco años de antigüedad, y ya cobraban dos pluses, llamados Aena 1 y Aena 2. En un principio eran de 200 euros, pero diversas reducciones lo han dejado en 98,5 euros. En caso de haberse aceptado la propuesta de la Generalitat, el incremento real hubiera sido de 101,5 euros. La alternativa del gobierno catalán era mejor vista por los empleados más jóvenes, que hubieran tenido un aumento neto de 200 euros.

La propuesta de la Generalitat era bien vista por los trabajadores con menos experiencia, pero que no llegan al 25% de la plantilla

Las posiciones de los trabajadores se radicalizaron con la llegada de los refuerzos de la Guardia Civil para mantener el servicio durante las huelgas parciales del domingo. Según Purificación Infante, una de las integrantes del comité de huelga, los empleados “han recibido coacciones” para acabar con la protesta. «Veo que ahora tienen mucha preocupación por tumbar una huelga, que es un derecho constitucional que tenemos», dijo en el centro social de El Prat donde se estaba votando.

En cuanto a Aena, ha mantenido una postura de silencio tras conocerse el nuevo rechazo de los trabajadores. Apenas se ha limitado a comunicar una serie de recomendaciones a los pasajeros para evitar aglomeraciones a partir del día lunes.

El Gobierno buscará diluir la huelga

El Gobierno nacional está decidido a diluir el impacto de la huelga del lunes. Desde el sábado que se están desplegando refuerzos de la Guardia Civil en los filtros, y los uniformados ya no sólo están en un segundo plano verificando el proceso, sino que ahora realizan tareas más activas en pase de maletas y abrigos por los escáneres y en el control de metales a los pasajeros.

El Prat: la Delegación de Gobierno insta a mantener servicios mínimos del 90% en los controles

El domingo, que se realizaron cuatro paros parciales, sólo hubo largas colas al amanecer, cuando había un par de filtros operativos. A medida que se fueron abriendo nuevos controles, las demoras no fueron más allá de los 15 o 20 minutos, incluso en las franjas de huelga.

Además la Delegación de Gobierno mantiene la obligatoriedad de servicios mínimos a un 90%, por lo que la ausencia de trabajadores de Eulen tendría poco impacto.

El problema que puede suceder el lunes es el cuello de botella con un aluvión de pasajeros que quieran llegar con más de cuatro horas de anticipación. Incluso las aerolíneas avisan a sus clientes que concurran con tiempo a la terminal.

La carta del laudo arbitral

La otra carta del Gobierno es presentar el laudo arbitral obligatorio, que implicaría a los huelguistas a levantar la medida de fuerza. El ministro Íñigo de la Serna anunció que su cartera estuvo el fin de semana preparando el informe que elevará al Ministerio de Empleo, y luego el Consejo de Ministros tendrá la decisión de designar un árbitro para dirimir el proceso. Además se deberá preparar una propuesta que tendrá un carácter vinculante a ambas partes.

Los trabajadores han protestado ante esta alternativa. El abogado de los huelguistas, el laboralista Leopoldo García Quinteiro, dijo que el arbitraje se impondría en virtud de «una ley franquista» cuyo «vigor ha quedado claramente desautorizado por las sentencias del Tribunal Constitucional».

La Generalitat, tras el fracaso de su propuesta, decidió apartarse de la mediación y dijo que la negociación debe seguir entre Eulen, Aena y los trabajadores. Sin embargo, la consejera de Trabajo Dolors Bassat dijo que el organismo volvería a mediar si las partes lo solicitan.