Madrid se queda sin vuelos directos a Menorca a partir de octubre

Las personas que quieran volar de Madrid a Menorca a partir de octubre lo tienen en el aire. En estos momentos, ninguna compañía ofrece enlaces directos desde la capital más allá del 30 de septiembre. El motivo es que no se ha adjudicado todavía la nueva Obligación de Servicio Público (OSP) y que Air Nostrum, que como adjudicataria ha sido la única compañía que ha cubierto esta ruta los tres últimos inviernos, no comercializa estos vuelos.

La OSP vigente finaliza el próximo 31 de mayo, fecha a partir de la cual acaba la exclusividad concedida a Air Nostrum de operar con Madrid. Esta ruta la pueden cubrir a partir de entonces todas las compañías que lo deseen. De hecho, está previsto que este verano hasta cinco aerolíneas diferentes (Air Nostrum, Vueling, Ryanair, Air Europa e Iberia Express) ofrezcan vuelos directos con Madrid. El problema se plantea para después. 

Escenario a la vista

A partir de octubre, ninguna de estas compañías continuará. Todas están a la espera de la nueva OSP y no están dispuestas a comercializar unos vuelos que no sea seguro que puedan asumir. Y es que la concesión de Servicio Público impide al resto de las aerolíneas operar en esta ruta entre el 1 de octubre y el 31 de mayo.

Desde el Ministerio de Fomento se indica que se está trabajando en la renovación de la OSP para octubre, pero lo cierto es que la tramitación es lenta. En primer lugar, hay que abrir una convocatoria para saber si alguna aerolínea está interesada en cubrir la ruta sin aportación de dinero público.

Si ninguna compañía se presenta, el Ministerio debe iniciar entonces el proceso de licitación. Las aerolíneas tendrán que presentar a continuación sus ofertas y se procederá a su adjudicación. Es un proceso que suele durar varios meses.

Exigencias desde el Parlament balear

Por su parte, la Comisión de Turismo del Parlament balear ha aprobado por unanimidad, en abril, una proposición no de ley relativa a la revisión de esta OSP. En el texto se insta al Gobierno a revisarla y modificarla de acuerdo a los términos que se consensuen con el Govern y el Consell, consultando también a las principales entidades y asociaciones de los ámbitos económico y social más representativas de la isla.

El Parlament apuesta por la modificación de la OSP según varios criterios. El primero es la instauración de «una tarifa que permita ejercer de manera suficiente el derecho a la movilidad y la igualdad de oportunidades a los ciudadanos de Menorca y favorezca, a su vez, la competitividad de la economía de la isla».

En todo caso, apunta, su coste no debería ser superior a 60 euros por trayecto (30 euros para los residentes), muy lejos de los 130 euros establecidos para la actual tarifa de referencia.

Bonificaciones y mejores horarios

También solicita «un mejor sistema de bonificaciones de carácter social con especial atención a la gente mayor y a los jóvenes» y  «un número de frecuencias diarias y asientos disponibles que garanticen una correcta y suficiente conectividad». Asimismo, pide el desarrollo de «mecanismos que prevengan o establezcan incrementos de la oferta de plazas y frecuencias (y con las mismas condiciones de igualdad y calidad) ante aumentos puntuales o permanentes de la demanda».

Por último, se incluye una petición sobre «unos horarios de ida y vuelta que permiten una jornada laboral efectiva de ocho horas» y «una temporada anual de vigencia de acuerdo a los intereses de Menorca».

El dilema

Sin embargo, el Gobierno no contempla esa opción de revisión de la OSP porque está en funciones, lo que no le permite incorporar cambios considerables y, porque si lo hiciera, se demoraría la convocatoria del nuevo concurso.

Lo que ha decidido el Consejo de Ministros, también en abril, es aprobar la nueva convocatoria del concurso para la OSP sin cambios y reservar una partida económica para su adjudicación: 2,07 millones de euros, 330.000 euros menos que el precio actual.

Por tanto, la situación se presenta complicada. O bien se mantiene un servicio con Madrid con unas condiciones que no responden a las demandas de la isla, o se interrumpe el servicio mientras se tramitan unas nuevas condiciones.

 

a.
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