Las empresas de autobuses reclaman a los ayuntamientos figurar en su lista de acreedores

Hacienda ha pedido a las administraciones locales el certificado de todas las facturas pendientes de pago a 31 de diciembre de 2011. Los municipios deben 768 millones de euros a los transportistas privados

Las empresas privadas de transporte terrestre de viajeros quieren que los ayuntamientos no las excluyan de la certificación de facturas pendientes de pago correspondientes a 2011 que los consistorios debe remitir obligatoriamente a Hacienda antes del 15 de marzo.Las corporaciones locales adeudan a los operadores de autobuses de transporte urbanos un total de 768 millones de euros, con lo que las empresas del sector, mayoritariamente pymes, atraviesa por dificultades. 

«Nos hemos encontrado con esta sorpresa mayúscula. En algunos ayuntamientos, el interventor municipal se excusa basándose en la literalidad de la Ley», ha explicado este viernes a 02B el presidente de la Federación Española Empresarial de Transporte de Viajeros, Rafael Barbadillo  «Gestionamos un servicio público, aunque seamos empresas privadas. Por lo tanto, no nos pueden excluir», razona el responsable de la Federación.

El Consejo de Minsitros aprobó el pasado viernes el Real Decreto 4/2012 por el que todas las facturas contraídas por los Ayuntamientos y pendientes de abonar a 31 de diciembre, se tienen que certificar en el plazo anunciado ante el Ministerio de Hacienda. También se ha unido a esta reivindicación la Federación Nacional Empresarial de Transporte en Autobús.

50.000 habitantes

Aunque Barbadillo ha declinado citar qué ayuntamientos están intentando excluir a los operadores de transporte urbano, sí ha recordado que la ley obliga a las ciudades de más de 50.000 habitantes a contar con servicios de transporte colectivo. Las empresas de autobuses insisten: no negociarán ninguna quita de la deuda con la administración local.

Por ello, las patronales del transporte discreccional de pasajeros ya han enviado sendas cartas al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y a la ministra de Fomento, Ana Pastor, en las que solicitan su intervención para que las empresas de transporte en autobús puedan acogerse a este mecanismo de pago sin excepción de ningún ayuntamiento.

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