El endurecimiento de la ley ‘anti-Uber’ levanta ampollas en el regulador de la competencia

El sector del taxi en España se encuentra en un punto crítico. La entrada de nuevos actores como Uber y Cabify ha puesto en pie de guerra a los taxistas y en un brete al Gobierno, temeroso de la capacidad de movilización de este gremio.

Del otro lado se encuentra la Comisión Nacional de la Competencia (CNMC). El regulador está convencido de la necesidad de adaptar la norma a la realidad que ha creado la llegada de las tecnológicas. Por ello ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra el decreto creado por el ejecutivo, unas semanas antes de las elecciones, que venía a endurecer la conocida como ley anti-Uber.

Órdago al Gobierno

Esta decisión es un órdago en toda regla contra una norma que, según el organismo que preside Jose María Martín Quemada, vulnera en varios puntos las leyes del libre mercado. De ahí que haya solicitado al Gobierno la eliminación de varias de las restricciones al funcionamiento de las licencias VTC, el sello bajo el que pueden funcionar los conductores de estas nuevas empresas.

Según las modificaciones introducidas en la ley, los coches de Uber no pueden recoger a pasajeros en la calle y sólo pueden funcionar con reserva previa por parte de los usuarios. Igualmente, el número de este tipo de licencias se ha mantenido limitado a una por cada 30 taxis. Con un agravante: la administración puede denegar permisos VTC si considera que existe un «desequilibrio entre oferta y demanda».

Para la CNMC, «estas limitaciones son contrarias a los principios de promoción de la competencia efectiva y la regulación económica eficiente».

Los argumentos de los taxistas

Los taxistas, por su parte, desmienten los argumentos del regulador, a quien acusan de «traidor». Y alegan que, en caso de la eliminación de las restricciones a firmas como Uber, se verán en una clara posición de inferioridad. Fundamentalmente porque  la licencia de taxi es mucho más cara que el sello VTC.

Por el momento, las reclamaciones de la CNMC al Gobierno en funciones se han encontrado con la más absoluta pasividad por parte del ejecutivo. Antes del recurso presentado este jueves ya habían enviado dos requerimientos, en enero y febrero pasados, al Consejo de Ministros y a Fomento, respectivamente. Ambos no han obtenido contestación alguna por Moncloa.