Los controladores pagan la factura del caos aéreo de 2010

El sindicato de controladores aéreos USCA deberá pagar cerca de 15 millones de euros a los pasajeros que fueron perjudicados por la huelga de diciembre de 2010.

La central sindical llegó a un principio de acuerdo con la Fiscalía de Madrid para evitar llegar a un juicio. Sin embargo todavía falta la aceptación de los trabajadores de la base de Palma de Mallorca, donde 83 controladores se encuentran procesados por un posible de sedición, delito castigado con más de ocho años de prisión.

Llegan las primeras indemnizaciones

Alrededor de 15.000 pasajeros afectados, que habían radicado sus denuncias en los juzgados de instrucción de Madrid, están recibiendo indemnizaciones de 1.000 euros, más los gastos que hubieran tenido en los días de la medida de fuerza.

El acuerdo contempla que cuando un pasajero reciba el dinero retire la denuncia, ya que de lo contrario, el caso continuaría su curso hasta llevar a juicio a los 133 controladores procesados.

Madrid y Barcelona, todavía pendientes

De las 21 causas que se abrieron en diferentes juzgados del país, todavía quedan pendientes de resolución las causas contra los controladores de Madrid y Barcelona.

Hasta ahora se han archivado un total de 19 procedimientos en toda España por la huelga, todos ellos exculpatorios para los huelguistas.

Desde USCA, que representa a los 133 controladores que se enfrentan a las dos causas pendientes, aseguran que este acuerdo supone «una liberación» pues pone fin a un conflicto que dura ocho años.

USCA paga 1.000 euros a los 15.000 afectados por la huelga de controladores de diciembre de 2010

Además desde el sindicato puntualizan que en caso de que estos controladores lleguen a juicio se ocasionaría un perjuicio sobre “más de la mitad” del flujo aéreo, justo cuando en los dos primeros meses del año aumentó más del 8% con respecto a 2017.

El caos que afectó a 700.000 pasajeros

El viernes 3 y el sábado 4 de diciembre de 2010, días antes del Puente de la Constitución los controladores realizaron una huelga que afectó a 700.000 pasajeros y 5.000 vuelos en España.

Según el auto de procesamiento dictado en 2016 por el juez Manuel Sobrino, la medida de los controladores excedió el conflicto laboral “y pueden ser constitutivas de delito”. Como prueba, adjuntaron la reproducción de las conversaciones entre la torre y el centro de control de Palma, que revelaría la coordinación entre los controladores para paralizar los servicios como medida de presión ante el Gobierno.