NH asegura que el 40% del precio de la facturación va a impuestos y normativas

Airbnb acaparó casi todos los debates en el World Travel & Tourism Council, la cumbre mundial del turismo celebrada este jueves en Madrid. El nuevo modelo de negocio de particulares que alquilan habitaciones o pisos completos en la plataforma ha sido el tema recurrente en todas las presentaciones.

Chip Conley, director mundial de estrategia, dio su visión sobre el éxito que ha levantado el recelo común en la industria hotelera. «Los huéspedes no quieren quedarse en habitaciones de hoteles que parecen cajas. Prefieren tener una experiencia como un local y vivir como un residente más con una casa con salón, baño y cocina», dijo el alto ejecutivo ante los altos representantes de la industria mundial.

Entonces, el consejero delegado de la cadena hotelera NH, Federico González Tejera, tuvo que dar la cara por el sector tradicional, el que está perdiendo terreno por los nuevos modelos de negocio. «Si hablamos de que hay que bajar precios, es necesario recordar que el 40% del precio que paga un huésped en una habitación va destinada al pago de impuestos y de requisitos de seguridad que las normativas exigen al hotel», explicó González Tejera.

Imponer impuestos a unos o bajarle a otros

La industria hotelera se siente discriminada por la normativa que exime a muchos particulares de pagar impuestos y de declarar la actividad.  El empresario hotelero, al igual que el resto del sector, pide a la administración un trato igualitario. No tiene preferencias: aplicar impuestos a los nuevos actores o rebajar exigencias a los hoteles convencionales. «Es necesario cambiar esta situación porque lo fácil para muchos hoteleros será abandonar el edificio y montar en la acera de enfrente el negocio de apartamentos», razonó el empresario.

Airbnb y las plataformas de economía colaborativa  han encendido un profundo y complejo debate regulatorio que no todos los países están afrontando de igual manera. Reino Unido acaba de aprobar una nueva legislación que exime a los anfitriones de Airbnb de pagar impuestos si sólo alquilan habitaciones o viviendas como máximo 90 días al año.

Los hoteleros españoles están convencidos de que la permisividad con esta actividad terminará perjudicando a los residentes que serán expulsados del centro de las ciudades para dar alojamiento a turistas. «Esto implica que las viviendas que obtengan un ingreso adicional por esa vía terminarán siendo más costosas y expulsarán a los habitantes con menos recursos», explica el consejero delegado de NH.

La ley catalana

Nadie en el sector, ni Airbnb, ni la patronal turística española ni las cadenas hoteleras que asistieron a la cumbre mundial turística conocen el modelo regulatorio que la Generalitat prepara para intentar legalizar a las plataformas de alquiler de pisos.  El resultado de la nueva normativa, anunciada la semana pasada por el Govern, es una incógnita para todo el sector.

«Catalunya trabaja siempre con una legislación proactiva. Es lo que debería hacer el gobierno central», remata el hotelero.