Los cinco despropósitos del AVE Madrid-Barcelona

El Tribunal de Cuentas confirma el sobrecoste de 1.700 millones de euros, un 31% más de lo previsto. La institución tiene abiertos cuatro expedientes por irregularidades en obras y otros cuatro por no imponer penalizaciones

El Tribunal de Cuentas ha hecho público su informe sobre los sobrecostes en la construcción del AVE Madrid-Barcelona. El precio de las obras de dicha infraestructura se incrementó el 31,4% más de lo previsto, unos 1.700 millones de euros adicionales. La institución tiene abiertos cuatro expedientes por irregularidades en obras y otros cuatro por no imponer penalizaciones.

El presidente del organismo, Ramón Álvarez de Miranda, ha revelado que la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas tiene abiertas diligencias preliminares para determinar «las circunstancias en las que se produjeron los hechos, la identidad de sus presuntos responsables y el importe de los perjuicios que pudieran haber sufrido los caudales públicos» en aras de «poder ejercitar las acciones encaminadas a exigir su resarcimiento».


En concreto, se han abierto diligencias por presuntas irregularidades por incidencias en la ejecución de cuatro proyectos, correspondientes a los tramos Hospitalet-La Torrassa, La Torrassa-Sants, Castellbisbal-Papiol y Hospitalet-Can Tunis, con modificados y complementarios por valor de 168,5 millones. Además, también están en fase de instrucción otros cuatro expedientes.

El resultado del informe llega en un momento en que las adjudicaciones por el tren de alta velocidad están en tela de juicio. La Fiscalía Anticorrupción investiga los sobrecostes de las obras del AVE por si hubo malversación de fondos públicos. A principios de mayo, la Guardia Civil irrumpió en la sede de Adif así como de otras empresas en busca de pistas.

A continuación se muestra los cinco principales despropósitos en el AVE Madrid-Barcelona fiscalizados por el Tribunal de Cuentas

Sobrecoste del 31% pese a licitación por debajo del precio. La construcción del AVE Madrid-Barcelona costó un 31,4% más de lo previsto pese a que en el proceso de adjudicación de contratos se habían conseguido ahorros respecto a los precios de licitación. Los ganadores de los concursos pujaron por 5.406 millones de euros, un 10% menos de lo licitado inicialmente (7.235 millones). Sin embargo, el coste final del proyecto ascendió a 8.967 millones de euros.


Demoras. Los sobrecostes vinieron acompañados de demoras en la ejecución de las obras. El Tribunal de Cuentas detecta un retraso medio de 4,5 meses en todos los trabajos. Según Álvarez de Miranda, tanto los desvíos presupuestarios como los retrasos en los plazos de ejecución (que a su vez conllevan sobrecostes generalmente) se concentraron de forma mayoritaria en los últimos años de ejecución de las obras, en parte por la mayor dificultad de esos proyectos.


Irregularidades en la contratación. El Tribunal critica duramente la actuación del presidente del extinto Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF), organismo antecesor de Adif, por haber realizado un «uso abusivo» de la facultad que tiene de iniciar los expedientes de obra por razones de urgencia, un procedimiento que utilizó en todos los casos, saltándose así al órgano de contratación regular, que es el consejo de administración.»Dicha urgencia alegada no se ha podido apreciar ya que todos los contratos fueron tramitados por el procedimiento ordinario del concurso abierto, sin reducción de plazos», añade.

Modificaciones injustificadas. El Tribunal de Cuentas considera además que en muchas ocasiones los modificados del contrato inicial «no cumplían los requisitos» legales, ya que se justificaban por necesidades nuevas o causas imprevistas cuando se trataba de «cuestiones de las que ya se tenía conocimiento antes del inicio de las obras o derivadas de una defectuosa ejecución de las mismas». En otros casos se calificaron como obras complementarias lo que en realidad eran modificaciones del objeto del contrato.

Adjudicaciones a empresas de la propia Adif. Álvarez de Miranda merece el caso de las contrataciones con la sociedad Tecnología e Investigación Ferroviaria, S.A. (TIFSA), propiedad mayoritariamente de Adif. Pese a no poder participar en los concursos de su matriz y de estar limitada en la contratación con el Ministerio, acabó siendo adjudicataria de 62 de los 171 contratos de consultoría por 84 millones, además de beneficiarse de otros tres contratos por 16,2 millones por participar en UTEs. 

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