Canarias prepara su propia consulta alternativa

El Tribunal Constitucional puede ser la última esperanza legal. Pero no la última puerta hacia una consulta simbólica en Canarias.

El Gobierno central ha aprobado este viernes recurrir ante el Constitucional la iniciativa del gobierno autonómico de consultar a los ciudadanos canarios si están o no de acuerdo con las prospecciones petrolíferas que Repsol prevé iniciar en las próximas semanas. Pero, al igual que en Cataluña, la respuesta al bloqueo gubernamental será una consulta alternativa.

La sociedad civil quiere una consulta

Al responsable de la oficina de acción global del cabildo de Lanzarote, Ezequiel Navío, le consta que la sociedad civil se está organizando para elaborar su propia consulta «al margen de lo que digan unos y otros».

Navío está al frente de la única entidad pública de Canarias que se dedica de forma exclusiva a las prospecciones. Desde hace dos años, la oficina que él dirige intenta paralizar el proyecto de la petrolera española para explorar si hay reservas en unas bolsas situadas a unos 60 kilómetros de las costas de Canarias.

Pero a la pregunta de si el gobierno autonómico actuará en la misma línea y organizará una consulta alternativa siguiendo los pasos del ejecutivo catalán, Navío deja todas las puertas abiertas: «No digo ni que sí ni que no. Vamos a esperar a la respuesta», sostiene Navío.

El Gobierno se cierra en banda

El responsable de esta entidad pública considera que la decisión tomada por el Gobierno da fe de que «la democracia está secuestrada en Canarias». No entiende por qué el Gobierno se cierra en banda ante una consulta popular como la que propone el gobierno insular.

«No hablamos de que Canarias plantee una secesión o algo inaceptable contra la Carta Magna. Aquí queremos que la gente se pueda expresar sobre esto. Si no se puede expresar en Cataluña ni tampoco en Canarias, ¿en qué tipo de Estado democrático estamos?», cuestiona el director de la oficina anti prospecciones.

Por su parte, el Ejecutivo se ampara en que Canarias –sin una ley propia de consultas–no tiene la competencia para organizarla.

El gobierno canario emprenderá medidas legales

El gobierno canario, presidido por Paulino Rivero, de Coalición Canaria (CC), quiere observar antes de actuar. Pero eso no presupone que se vaya a quedar de brazos cruzados. Navío sostiene que tanto el ejecutivo insular como el cabildo va a presentar una denuncia ante la Audiencia Nacional o el Tribunal Superior de Justicia para ganar tiempo y pedir que se acepten medidas para que se dirima el proyecto de Repsol mientras no se conozca una decisión en firme del Constitucional. El tribunal dispone de cinco meses para emitir una resolución.

«Quieren impedir que el pueblo hable y le imponen una mordaza», lamenta Navío. El responsable de la oficina de acción del cabildo de Lanzarote es tajante al afirmar una y otra vez que el Gobierno de Mariano Rajoy (PP) prefiere defender a «una industria sucia» antes que a las peticiones ciudadanas, de la comunidad científica, el gobierno regional y el sector turístico.