Los ingleses llaman multifaceted a aquellos problemas que no sólo no tienen una solución fácil, sino que además dan la razón a tirios y troyanos, según el enfoque que les des.
En otros problemas, una multifaceted question es un tema que no hay por donde agarrarlo sin pillarse los dedos. Este es el caso del roaming, la inefable tarifa especial a la que nos someten los operadores de telefonía móvil cuando estamos en el extranjero y usamos, incautos, nuestro teléfono para llamar a casa o consultar unos datos gracias a que tenemos internet por móvil.
Luego, al llegar la factura a final de mes, nos damos cuenta de que en efecto el precio que nos cobran por minuto, o por mega, parece a todas luces abusivo.
Lo es, para qué negarlo, y como consumidores tenemos toda la razón en quejarnos, protestar y haber llegado hasta las instancias europeas más altas para conseguir que erradicar el roaming sea una prioridad de Bruselas.
Una prioridad aplazable, por cierto, ya que desde julio de 2015, la Comisión Europea ha desplazado el fin de esta lacra a julio de 2017. Es decir, le ha dado una moratoria de dos años más a este sobresueldo que pagamos a los operadores; sobre todo en verano, que es cuando estamos de vacaciones en el extranjero.
Pero el roaming también es una aberración desde el punto de vista de la creación de riqueza e incluso de puestos de trabajo. Imaginemos un mundo sin esta especie de impuesto donde pudiéramos visitar ciudades desconocidas usando Google Maps; reservar en restaurantes recomendados por ciudadanos locales usando TripAdvisor; contratar una habitación mediante Trivago o un apartamento por Airbnb; alquilar un coche desde una aplicación para móviles o comprar entradas de cine y de los museos más importantes. Por no hablar de guías interactivas… Todo ello desde nuestro smartphone.
Sin roaming, la economía digital de los destinos turísticos se dispararía con infinidad de nuevas oportunidades de negocio y servicios al visitante. Y lo mismo ocurriría en los grandes centros de negocios donde los ejecutivos llegados de lejos tienen que comer, beber, dormir, relajarse… Pueden ser las aplicaciones geolocalizadas y las guías locales digitales quienes satisfagan sus necesidades. Con el roaming vigente, estas oportunidades económicas no son más que una hipótesis.
Y sin embargo, el roaming tiene su razón de ser, tradicionalmente poco explicada u obviada por los medios de comunicación. Imaginemos que somos Telefónica, Orange o Vodafone España. En territorios de alta densidad turística como es toda nuestra costa, el porcentaje de extranjeros en verano es altísimo; ciudadanos de otros países que tienen contratos con otras compañías de telefonía, pero a los que de todos modos hay que dar un buen servicio. Para ello, hay que invertir en más antenas, más centros de servidores, más servicios de mantenimiento…
¿Le ocurre lo mismo a un operador en Groningen, en Holanda? No, el verano holandés no atrae grandes cantidades de turistas holandeses como sí lo hace el nuestro. Existe, por lo tanto, una asimetría en las exigencias de inversión entre Telefónica España y cualquier compañía que opere en Holanda, incluida la filial de Telefónica, si la hay. Y el roaming está pensado, entre otras cosas, para compensar esto.
Pero quizá, la razón más importante por la que el roaming además de existir merece también la moratoria que le ha sido concedida, es que es un impuesto de futuro, por llamarlo de algún modo.
Hay que tener contentos a los operadores por la sencilla razón de que están haciendo inversiones multimillonarias en innovación e infraestructura con el fin de desarrollar nuevos protocolos como el 4G y el 5G en un periodo de crisis donde la sangría de clientes hacia las operadores virtuales, que no invierten en infraestructura propia, es incesante. Merece la pena compensarles este sacrificio porque nuestro futuro tecnológico está en juego.
A principios de 2015, la CNMC dictaminó que los operadores sin infraestructura de fibra óptica tenían derecho a usar realquilada la red que estaba extendiendo Telefónica, una sentencia que perjudicaba gravemente los intereses del operador de referencia.
A partir de aquel mandato, Telefónica paralizó su plan de cablear 20 millones de hogares en España, lo que trajo, entre otras consecuencias, despidos masivos de técnicos instaladores, con las consiguientes huelgas y encierros. Pero también, gracias a ese dictamen, probablemente justo y razonado, hoy el número de hogares cableados con fibra no supera los doce millones.
Tal vez, si no queremos que este a medio camino en el que nos hemos quedado en el cableado se convierta en un nuevo atraso estructural de España, deberíamos enfocar el roaming como un problema poliédrico y tragar con la moratoria de dos años fijada por Bruselas.
