Reconciliemos a turistas y vecinos

Teresa es una barcelonesa de 55 años que vive en pleno corazón de la ciudad. Cuando era joven, los fines de semana solía pasear por la Rambla y el casco antiguo. Le agradaba muchísimo el barrio del Raval, pues allí degustaba frutas de lo más exóticas en la Boquería, se encaprichaba con algún animal de la Rambla que, finalmente, acabaría por no comprar, acudía a uno de los múltiples colmados para hacer su compra y, tras la jornada, se relajaba en algún café.

Sin embargo, hace unos años que Teresa está preocupada. Barcelona se ha convertido en una ciudad de referencia a nivel internacional ?a raíz de los Juegos Olímpicos- y, gracias a los iconos y recursos naturales que posee, se ha desarrollado en todos los ámbitos: crecimiento en número de habitantes, infraestructuras, viviendas, comercio, economía y turismo, entre otros.

Este último aspecto es uno de los que más preocupación le han suscitado pues hace unos años que sale a la calle y observa una Barcelona masificada, con cierto desgaste y deterioro, sobre todo del paisaje urbano.

Lugares emblemáticos como el castillo de Montjüic o el parque Güell han sido privatizados. Tampoco acude a los sitios de ocio a los que antes solía ir, pues el precio ha aumentado desorbitadamente y, pasearse por determinados lugares, como la Rambla o el Paseo Marítimo, le agobia. Finalmente, y aunque no le afecte directamente, ha tenido conocimiento ?a través de los medios- de la problemática suscitada en torno a los apartamentos turísticos.

Admite Teresa que el turismo es un elemento clave para el desarrollo y reactivación de la economía de Barcelona. El perfil de los turistas es muy diverso: algunos de ellos acuden por negocios, otros por cultura, formación, salud u ocio. No obstante, Teresa sostiene que el perfil de turista cada vez está más encaminado hacia el ocio, aunque sabe que hay un abundante turismo de negocios y de cultura.

Por eso se pregunta qué modelo de ciudad queremos para Barcelona. Claro está que es una urbe cosmopolita y, como tal, los barceloneses deben convivir con dicha apertura, pluralidad y convergencia con diferentes culturas y procedencias. Así pues entiende que hay que abogar por un modelo de ciudad mixta, en la que coexistan turistas y residentes.

Pero queda otra cuestión por definir: ¿qué tipo de intervención debe hacer la administración pública, en este caso, el ayuntamiento?

En relación a la degradación del paisaje urbano, es indiscutible que el ayuntamiento debe planificar y ejecutar políticas públicas para frenar la decadencia. La degradación del propio paisaje urbano producido, entre otros, por las tiendas de souvenirs que proliferan sin cesar se puede normalizar reduciendo el número de licencias, así como determinando qué tipo de artículos pueden vender y ejerciendo una supervisión muy estricta e incrementando la cuantía de las sanciones por incumplimiento.

Sobre la degradación de la vía pública con acciones como el botellón ?aunque conviene traer a colación que este no es sólo propio de turistas- las sanciones más elevadas a comercios que venden alcohol después de la hora límite, así como una mayor intensificación de los controles, tendrían un buen efecto disuasorio. También podría optarse por el encarecimiento del precio de las bebidas alcohólicas pues, ante un mayor precio, se tiende a consumir en menor cantidad.

El aumento de precios de distintos bienes es un asunto más complejo. Si bien es cierto que los restaurantes y cafeterías son más caros en el centro de la ciudad, el ayuntamiento poco puede intervenir al respeto ya que se trata de unos precios fijados por un ente privado en función de la demanda que éste tiene o prevé tener. Es manifiesto que un turista está dispuesto a pagar un precio más elevado que un residente.

Distinto caso es el del incremento del precio de los hoteles debido a la tasa impuesta por la Generalitat. Pero el abono de una tasa turística de alguien que vive en la misma ciudad es cercano a un abuso por parte de las autoridades fiscales, dejando entrever unas ansias puramente recaudatorias. Y recordemos que con esta tasa se recaudaron únicamente 19 millones en el 2013, dinero que se podría haber obtenido del control de los fraudes fiscales, de dietas sin justificar, de sueldos fuera de mercado o de gastos extravagantes y superfluos de la Administración ?duplicidades, entre otros-.

En cuanto a los apartamentos turísticos, cabe distinguir entre aquellos constituidos legalmente como tales y los ilegales. Ante los últimos, la actuación de la Administración está clara: clausura del negocio ilegal. Sin embargo, el problema está en los apartamentos legales ya que ahí confluyen y chocan muchos intereses (vecinos, turistas, propietarios de los apartamentos y eventuales inmobiliarias).

Cierto es que se trata de una cuestión casi olvidada hasta hace pocos años y no se ha regulado legalmente. En consecuencia, la Administración debería ser capaz de hallar una solución equilibrada que pudiese beneficiar, en la mayor medida, a todas las partes implicadas.

En Ciutat Vella, por ejemplo, se ha establecido un plazo de seis años para que todos los apartamentos turísticos se concentren en edificios específicos. No obstante, esta medida, lejos de parecer sencilla, ha comportado una gran especulación con el precio de las licencias -pues para reubicarse es necesaria una de ellas y el ayuntamiento ya no expide más-.

Igualmente, las consecuencias de la unificación pueden comportar la constitución de futuros cárteles en ese sector a través de la formación de una estructura monopolística y el consiguiente control y fijación del precio, cuyo objetivo será el máximo beneficio monetario para las mercantiles gestoras de los apartamentos.

Del mismo modo, se hallan en pleno vacío legal los mecanismos sancionadores por la comisión de infracciones por parte de los inquilinos de los apartamentos, pues es sumamente difícil la identificación de los ocupantes para sancionarlos y resulta injusto y excesivo sancionar al propietario o la mercantil por la no comisión de delitos.

Así pues, analizados diversos aspectos en los que el turismo genera una influencia directa que puede derivar en una problemática grave, la respuesta que podemos darle a Teresa en relación a la cuestión formulada es que el rol que debe desempeñar la Administración debe ser el de una intervención moderada en aquellos aspectos en los que pueda incidir mediante el diseño de políticas públicas y normas jurídicas que favorezcan la conciliación entre residentes y turistas y consigan alejarse del afán lucrativo de la propia Administración a costa de la explotación de este preciado sector.

Si estas ansias monetarias no se frenan a tiempo, probablemente en unos años hagamos explotar la burbuja turística, al igual que ocurrió con la inmobiliaria, y las consecuencias económicas, para las ciudades en las que el turismo representa una fuente importante de ingresos, pueden llegar a ser devastadoras.