Con la prima de riesgo sobre los 420 puntos; el debate en la calle relativo a una posible intervención del país; las estadísticas, públicas o privadas, mostrando un empobrecimiento creciente de amplios sectores de nuestras clases medias y noticias en los medios acerca de una posible cuenta opaca en Suiza vinculada a Iñaki Urdangarín… la noticia sobre el accidente del Rey mientras cazaba elefantes en Botsuana no ayuda ni al país ni a ellos, precisamente.
Por supuesto que siempre podrá argumentarse que el Rey tiene derecho a emplear en lo que más le guste sus momentos de asueto, que cumple de sobra con las obligaciones derivadas de su cargo y que si sus emolumentos, que emanan completamente de los presupuestos del Estado, y la gestión de su patrimonio personal le permite cierto nivel de gastos pues que no hay nada que decir.
Pero la Casa Real española no puede estar al margen de la situación que vive la mayoría del país ni ser insensible a la sensación de incertidumbre que invade en estos momentos a una buena parte de sus conciudadanos. Cuando desde el Gobierno se exige austeridad y sacrificios de una dureza extraordinaria, se ajustan los presupuestos de Sanidad y Educación, se suprimen ayudas y suben impuestos, la cacería del primer servidor público no parece de recibo.
La institución monárquica española acumuló durante los primeros años de la democracia un extraordinario prestigio y ciertamente el comportamiento del Rey Juan Carlos en momentos muy delicados fue extraordinario. Su papel como primer jefe de las Fuerzas Armadas, liderando la transformación de un ejército formado en el sostenimiento de una dictadura en un cuerpo absolutamente homologable en cualquier organismo europeo de defensa, merece todo nuestro reconocimiento. Su coexistencia con los diferentes gobiernos ha sido siempre ejemplar. Pero nada hace pensar que el crédito de la monarquía española deba ser eterno.
Si como ya es comúnmente aceptado, la dureza, profundidad y extensión de esta crisis nos llevará un mundo distinto en el que pocas cosas serán como lo eran antes, desde luego que mucha gente podría empezar a preguntarse si continúan teniendo sentido esas reliquias de siglos pasados que son las casas reales europeas y si los beneficios políticos o simbólicos que proporcionan justifican el coste que tienen para sus contribuyentes.
Desde luego, al menos en España, la institución monárquica ha pasado por tiempos mejores. Su reacción al caso Urdangarín no está siendo lo ágil que podría esperarse; su resistencia a detallar el presupuesto de la Casa Real tampoco ha jugado a su favor. Quizá debamos empezar a preguntarnos si en estos momentos en el que el estado del bienestar está en profunda revisión no deberíamos de igual manera plantearnos la dimensión o hasta la existencia de algunas instituciones que hasta ahora no estaban en cuestión: el Senado cuya utilidad es crecientemente discutible; las Diputaciones, imprescindibles… antes de la administración autonómica y hoy claramente sobredimensionadas y de muy discutido interés salvo para los partidos que las ocupan, y, ¿por qué no?, la Monarquía.
