Me permito parafrasear al gran jefe de campaña de Clinton quien, con su frase original, logró derrotar a Bush padre en su primera elección. En latam, el discurso de la infraestructura es, sin duda, uno de los principales temas encima de la mesa de todas las cancillerías y gobiernos.
Nadie tiene dudas acerca del papel clave que juegan las infraestructuras en el desarrollo de un país, no solo en términos económicos de crecimiento del PIB sino de cohesión y vertebración territorial, de desarrollo regional, de desarrollo social y humano, de fomento de los negocios… la infraestructura es la clave (con mayúsculas) del crecimiento de la economía y de la sociedad.
La región latinoamericana invirtió en infraestructuras a razón del 4,5% de su PIB durante la década de los ochenta. Lo redujo al 1,5% durante los noventas, lo ha vuelto a aumentar al 3% durante la primera década de los dos mil, y lo va a ampliar en un futuro próximo aunque en cifras muy dispares dependiendo del país. En los mismos períodos, China y Vietnam invirtieron muy por encima del 10% de sus PIB en infraestructuras.
En la última cumbre latinoamericana celebrada en Cádiz, muchos de los presidentes de este lado del charco vinieron con importantes proyectos de inversión debajo del brazo. Oportunidades que deben ser aprovechadas por los gigantes españoles del ramo. Muchas son las cosas que estamos haciendo por aquí (segundo piso del periférico en México DF, ampliación del canal de Panamá…) pero las cifras que compartiré ahora dan idea de la magnitud del pastel. Para ello, me centraré en tres países: Perú, Brasil y México.
En esta segunda parte del año, Dilma Rouseff nos sorprendía con un ambicioso plan de inversiones por valor de 65.500 millones de dólares para remodelar y/ o construir más de 7.500 kilómetros de carreteras y 10.000 kilómetros de ferrovías. Eso, sin contar las inversiones pendientes por los grandes eventos deportivos del 2014 y 2016, o la previsible licitación de la alta velocidad Sao Paulo-Río de Janeiro, prevista para la primavera que viene.
Este pasado miércoles, de visita en París, Dilma lanzó un órdago, a mi entender, anunciando la construcción de más de 800 aeropuertos para que todas las ciudades de más de 100.000 habitantes dispongan de esta infraestructura a menos de 60 kilómetros del centro. Digo que me parece un órdago porque en la actualidad el país cuenta con “solo” 66 aeropuertos y llegar hasta 800 me parece… en fin. Eso sí, los aeropuertos brasileros actuales no tienen categoría mundial, están al 140% de su capacidad y se tienen que modernizar… ¿me captan los constructores?
Perú es todavía más ambicioso y prevé invertir 88.000 millones dóraes hasta 2021 (a razón de la friolera de más de 11.000 millones al año), en infraestructura básica (carreteras, puentes, redes de agua, puertos, plantas de electricidad y redes de telefonía), nada de veleidades de alta velocidad. Cemento y cable puro y duro. El problema de Perú estos años, curiosamente, no ha sido falta de ambición en los presupuestos públicos de inversión, sino más bien falta de capacidad de ejecución. El año pasado había previstos más de 10.000 millones de dólares, de los cuales se ejecutaron sólo 643. ¡Una gran oportunidad!
El presidente Peña Nieto tiene ante sí el reto más ambicioso de toda la región. Según la cámara mexicana de la industria de la construcción (CMIC), el país tiene previsto un plan de inversión de más de 19 billones de pesos mexicanos (a unos 16,5 el tipo de cambio por si quieren marearse con los ceros), lo que supondrá un 2%. del PIB del país en el periodo 2013-2018. Con esta medida, México ambiciona posicionarse entre las 25 primeras economías del mundo. Si lo hace, es más que posible que lo consiga.
Ahora bien, ¿cómo se paga la fiesta? A los tradicionales planes de infraestructura pública o a los modelos de concesión entre otros muchos instrumentos de inversión, se unen los proyectos de colaboración público privadas (PPP) o los propios fondos de pensiones que, no lo olvidemos, gestionan recursos por valores entre el 15 y el 60% del PIB de los países de la región. En la actualidad, los fondos de pensiones son ya importantes instrumentos de inversión para el desarrollo de las infraestructuras.
El capital extranjero está invitado a la fiesta, pero para que el dinero fluya hasta el terreno, hacen falta importantes reformas en muchos países capaces de generar confianza y seguridad jurídica entre los potenciales inversores. Entre ellas, puedo citar, apoyándome en un interesantísimo estudio del BBVA: procesos de licitación transparente y libres de corrupción (casi nada por estos lares…), análisis costo-beneficio desde una perspectiva tanto económica como social, reducción de las cargas burocráticas de los procesos de licitación, un adecuado control del riesgo en cada etapa del proyecto…
Desafíos importantísimos que van a exigir profundos cambios políticos, pero el reto vale la pena. El riesgo de no hacerlo es perder el tren del desarrollo en el próximo cuarto de siglo y eso es algo que la región, simplemente, no puede permitirse.
