La semana pasada conocimos que el Gobierno decidió cancelar el proyecto Castor de almacenaje submarino de gas, situado frente a las costas de Tarragona y Castellón. La cancelación del proyecto comporta dar por finalizada la concesión de la explotación del almacén, que se había otorgado a la empresa Escal UGS propiedad en un 66,7% de ACS, e indemnizarla con 1.350 millones.
Una cancelación en la que nadie ha asumido responsabilidades, a pesar de que los 1.350 millones los tengamos que pagar los ciudadanos, encareciendo el consumo del gas durante 30 años.
La cancelación del Proyecto Castor, aprobado en 2008, que tenía que permitir disponer de una cantidad de gas natural capaz de cubrir la demanda total de gas del Estado durante 17 días, evidencia que se autorizó un proyecto sin el rigor exigido por este tipo de proyectos ni los estudios geológicos requeridos.
Traspasar las deudas a la ciudadanía, surgidas de la mala gestión en empresas privadas o actuaciones inadecuadas de gestores públicos, sin asunción de responsabilidades, me hace pensar en la divergencia que existe entre el valor que se le da a las cosas personales, o propiedad privada, y el valor que se da a lo público.
Las cosas públicas se desprecian y maltratan, sin olvidar que algunos se las apropian. Una apropiación de lo ajeno y mala gestión extendidas a numerosas instituciones. ¿Cómo se puede explicar si no la desaparición de un número significativo de las cajasde ahorros, o la existencia de tarjetas opacas en Caja Madrid, una entidad que nos ha costado alrededor de 24.000 millones de euros?
Traspasar las deudas a los ciudadanos es actuar como la empresa monopolística que ignora los derechos de sus clientes. Trasferir las deudas a la ciudadanía y a las futuras generaciones es poner límites a la libertad de optar y disminuir las oportunidades. Es ignorar que los ciudadanos disponemos de derechos que no sólo deben ser respetados, sino también garantizados y protegidos.
Ignorar los derechos de la ciudanía es destruir la democracia, que obliga a construir escenarios y pautas de comportamiento encaminados a que la sociedad progrese de forma significativa en el ejercicio de sus derechos. Unos derechos que abarcan no sólo la capacidad de elegir a los representantes o convertirse en cargo electo.
En democracia, respetar y desarrollar los derechos de los ciudadanos obliga también a posibilitar el ejercicio de aquellos que están asociados a la libertad de expresión, de pensamiento, de propiedad y también a los relacionados con el desarrollo intelectual, cultural y económico.
El proyecto Castor es una muestra más de que la gestión de lo público requiere de cambios sustanciales. Unos cambios, indispensables, que deben tener por objetivo recuperar la esencia del valor de lo público, de la necesidad de que todas las actuaciones pongan en el centro de la decisión a los ciudadanos, a su desarrollo y lograr su progreso y bienestar. Unas actuaciones que deben también prestar una especial atención a los que más dificultades afrontan en su día a día y disponen de menos posibilidades de desarrollo y progreso futuro.
