Colau indigna a todo el mundo con el plan anti Airbnb

La patronal de apartamentos lamenta la estrategia de la alcaldesa y el oscurantismo con la que se aprobó la regulación del sector

Tras poner el freno de mano al sector hotelero, el Ayuntamiento de Barcelona se ha propuesto acabar con el alojamiento ilegal en la ciudad. Este martes ha presentado una batería de medidas entre las que destaca un refuerzo al cuerpo de inspectores, nuevas sinergias con la Agencia Tributaria y la Generalitat y la creación de herramientas de denuncia ciudadana. «Están muy bien, pero no son más que parches, pues la demanda seguirá existiendo», lamenta Enrique Alcántara, presidente de la patronal de apartamentos Apartur.

Además, el concejal de turismo, Agustí Colom, de urbanismo, Janet Sanz, y del distrito de Ciutat Vella -el más afectado-, Gala Pin, anunciaron la apertura de nuevos expedientes sancionadores contra Tripadvisor, Fotocasa, Rent4days, 9flats, Housetrip, Onlyapartments, Wimdu, Oh Barcelona y Niumba por dar cabida a la oferta ilegal. Amenazados con multas de 30.000 euros, desde Fotocasa lamentan que la notificación llegó el pasado jueves al departamento legal de la compañía. «No hemos tenido tiempo para reaccionar», explican.

El portal inmobiliario defiende que a la hora de anunciar un apartamento en su plataforma es obligatorio que el usuario deje claro el número de licencia que posee, «La mejora se ha aplicado a lo largo del 2016 y el castigo corresponde a una barrida hecha en setiembre de 2015, por lo que estaría desactualizada», ordenan en el tiempo. Sin embargo, un portavoz de la empresa reconoce la facilidad de ‘colar’ alojamientos ilegales en la página: «Nosotros no tenemos acceso al registro de licencias por lo que no hay forma de comprobar si el número que el usuario presenta es verdadero o falso». Eso sí «recurriremos la sanción que nos llegue», advierten.

Sobre Airbnb y Homeaway pende una multa de 600.000 euros al tratarse de «compañías reincidentes» señala el consistorio

El principal afectado del anuncio, pero, es Airbnb, al que Pin acusó de realizar contratos ilegales de más de 31 días -período en el que deja de considerarse alquiler turístico- a nombre de cinco o seis personas pese a que el turista solamente pase unos días en la ciudad. «Es totalmente falso, la compañía no ha actuado nunca de la manera descrita», contesta la empresa. «De hecho, si se conoce el funcionamiento de la plataforma se sabe que es imposible actuar de este modo», zanja.

Las denuncias de la concejal podrían no ser el único quebradero de cabeza para la tecnológica. Sobre ella y Homeaway pende una multa de 600.000 euros por ser reincidentes -la sanción de 60.000 euros ya se les aplicó en invierno-. «Es decepcionante comprobar cómo el Ayuntamiento de Barcelona sigue promoviendo una regulación arcaica que protege a las empresas tradicionales», ha lamentado la firma en un comunicado.

El plan urbanístico que regula los alojamientos turísticos se aprobó sin ser sometido a exposición pública, denuncian desde la patronal

Sin embargo, ni los apartamentos turísticos de toda la vida están contentos con la actuación municipal. «Colau focaliza el problema en la oferta, un problema real, pues hay que acabar con los pisos ilegales», señala Alcántara. «Mientras, pero, aprueba una regulación que cierra el grifo a otorgar nuevos permisos en toda la ciudad de manera indefinida, por lo que ella misma fomenta las actividades al margen de la ley», compara.

Además, Apartur denuncia que el PEHUT -Pla Especial d’Habitatges d’Ús Turístic- fue aprobado por Barcelona en Comú sin someterse a exposición pública, un hecho que han reconocido fuentes del propio gobierno municipal. «Se analizó la regulación propuesta por el anterior gobierno convergente, pero a la hora de la verdad se aprobó la normativa impulsada por el nuevo equipo sin que pudiéramos hacer nada», añade. Por ello, ya han presentado las alegaciones oportunas.

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