Los prósperos arrendatarios de Airbnb temen un arrebato regulador en Madrid
Competencia carga contra la imposición del gobierno regional de que los pisos ofertados en plataformas vacacionales tengan un alquiler mínimo de cinco noches. El sector crece y aumenta beneficios pero teme que una norma inesperada les hunda el negocio
El negocio de los pisos vacacionales, de las habitaciones para turistas o de los particulares que buscan un ingreso adicional con el alquiler por días de sus viviendas, avanza a paso de vencedor. Los propietarios de los apartamentos elogian a las nuevas plataformas como Airbnb que han permitido que los ingresos sean más recurrentes y que la clientela se ha disparado.
Pero mientras el negocio crece y se consolida, los arrendatarios que usan el nuevo modelo Airbnb, que democratiza la profesión del hotelero, temen que un arrebato regulador termine por arruinarles el negocio.
La legislación incierta y las imposiciones que tomarán los gobiernos con la creciente plataforma hace que los arrendatarios trabajen en tensión permanente, tal como quedó patente en la primera jornada del alquiler vacacional en España patrocinada por HomeAway y Airbnb y que se celebró este martes en Madrid.
«Alquilo desde hace varios años una vivienda a turistas. Y cada vez me va mejor. Los comentarios positivos de los huéspedes potencian la llegada de nuevos visitantes, pero tengo el temor de que cualquier nueva ley derrumbe todo», explicó un propietario de apartamento vacacional que asistió a las jornadas.
Los responsables de Airbnb explicaron que el número de turistas que se han alojado en España a través de su plataforma ha superado los dos millones y son conscientes de que su principal enemigo no son sus competidores directos sino los gobiernos.
Normas arbitrarias
La Comunidad de Madrid aprobó una normativa según la cual los pisos turísticos sólo pueden ofrecer como mínimo cinco noches. Está prohibido alquilar cuatro noches. La molestia del sector no se ha hecho esperar y la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) ha terminado por avalar las quejas.
Competencia estima que la normativa restringe la libertad de mercado y por esta razón ha llevado el caso a los juzgados, una acción inusual, según explicó Juan Manuel Contreras, subdirector de Ayudas Públicas de la CNMC.
Los partidos políticos no saben qué hacer con el fenómeno ni qué propuestas llevar en sus programas electorales. El PSOE en Madrid no ve con buenos ojos que Airbnb sea usado por empresas que se camuflan como particulares pero Ahora Madrid, la formación impulsada por Podemos, estima que nadie puede violar el derecho de un ciudadano a alquilar un espacio de su casa a quien desee. El resto, ni sabe ni contesta.
