Las capitales turísticas presionan a la UE contra Airbnb

Los grandes destinos turísticos europeos como Ámsterdam, Berlín, Burdeos, Bruselas, Cracovia, Múnich, París, Viena y los españoles Valencia y Barcelona, quieren involucrar a la Unión Europea en la batalla que mantienen con Airbnb por la regulación de la actividad del gigante del alquiler vacacional.

En una carta publicada en la web del ayuntamiento de Ámsterdam, las ciudades, algunas de las más han intentado limitar la actividad de la compañía, reclaman a la UE que evite otorgarle carta blanca de actuación en el territorio europeo.

Las ciudades alertan de las «amenazas y riesgos» para la configuración social y la habitabiliadad de sus centros urbanos que tiene la expansión del alquiler vacacional de corto plazo

[Para leer más: Ámsterdam corta de raíz los alquileres turísticos]

¿Proveedor de servicios digitales o alojamiento?

En el comunicado, el conjunto de las ciudades aluden a una decisión no vinculante publicada el pasado mes de abril en la que un asesor jurídico del máximo tribunal europeo afirmó que Airbnb debe ser considerado un proveedor de servicios digitales y no un proveedor de alojamiento.

El anuncio se consideró un espaldarazo a la operación de Airbnb en Europa, justo en un momento en que las autoridades trataban de legislar contra la masificación turística de sus centros urbanos.

La decisión tiene, según las ciudades firmantes de la carta, preocupantes implicaciones: “las amenazas y riesgos para la configuración social y habitable de nuestras ciudades son evidentes”, apuntan.

Entre los efectos perniciosos de la expansión del alquiler vacacional en las grandes ciudades se destaca la subida de los precios y la dificultad de los ciudadanos a acceder a las viviendas

En este sentido, citan “las casas necesarias para que los residentes vivan y trabajen en nuestras ciudades serán cada vez más consideradas como un mercado para alquilar a los turistas”.

De hecho, apuntan “donde las casas se pueden usar de manera más lucrativa para alquilar a turistas desaparecen del mercado de vivienda tradicional, los precios suben aún más y se dificulta la vivienda de los ciudadanos”.

Como organismos “mejor situados para comprender las necesidades de sus residentes”, las ciudades reclaman su capacidad de legislar a través de la planificación urbana o aplicando medidas relacionadas con la vivienda. Esto “ya no será posible en el futuro cuando se trate de gigantes de internet”, precisan.

Cooperación con las instituciones

Y es que, a su juicio, las ciudades “deben proteger el interés público y eliminar los efectos adversos del alquiler vacacional a corto plazo”. Entre estos efectos adversos se citan las molestias, percepción de inseguridad y la “turistificación” de sus vecindarios.

Pese a que las plataformas de alquiler como Airbnb se muestran interesadas en la cooperación con las instituciones «en la práctica no lo hacen», según señalan las ciudades

Por ello, las ciudades solicitan la cooperación de nuevo Parlamento Europeo y la Comisión Europea entrante para ayudar a establecer “fuertes obligaciones legales” que obliguen a las plataformas de alquiler a cooperar con ellas y cumplir con las regulaciones locales.

En la actualidad, señala la carta, “cuando las plataformas afirman que están dispuestas a cooperar con las autoridades, en la práctica no lo hacen o solo lo hacen de manera voluntaria”.

Por eso, señalan, “una cosa está clara: una carta blanca para las plataformas de alquiler vacacional no es la solución”.

Respuesta de Airbnb

Consultado por Cerodosbé, Airbnb señaló «la opinión del Abogado General proporciona una visión clara de qué reglas aplican a las plataformas de economía colaborativa como Airbnb, y cómo estas reglas ayudan a crear oportunidades para los consumidores». 

Airbnb apunta que ya colabora con más de 500 organismos para desarrollar medidas que permitan a los anfitriones alquilar sus casas pero también cumplir las normas y pagar los impuestos correspondientes

Además, argumentaron, «Airbnb quiere ser buen socio de las administraciones y  hemos trabajado con más de 500 gobiernos de todo el mundo en medidas que ayuden a los anfitriones a compartir sus hogares, cumplir con las normativas y pagar su parte justa de impuestos. A medida que avanzamos, queremos seguir trabajando con todo el mundo para poner a la gente local en el centro del turismo sostenible del siglo XXI”.