Cerco a Airbnb en Cataluña: el Gobierno le impone una multa de 30.000 euros

A Airbnb se le complica el negocio en Cataluña. El Gobierno de la Generalitat ha multado con 30.000 al portal por saltarse la legislación sobre la comercialización de apartamentos turísticos. El importe máximo que contempla la normativa catalana. Pero más allá de la sanción económica, el verdadero varapalo para la compañía fundada por Nathan Blecharczyk, Joe Gebbia y Brian Chesky es que abre la veda a que otras administraciones sigan el ejemplo catalán. El Ejecutivo liderado por Artur Mas es el primero que penaliza a la empresa en toda la Unión Europea.

La firma estadounidense ya ha tenido problemas legales en la ciudad de Nueva York. La justicia sancionó en mayo a un usuario del servicio para poner en alquiler su apartamento. Aunque, posteriormente, el propietario del inmueble consiguió recuperar la multa (1.760 euros) en su apelación. Un caso parecido tuvo lugar en California y en París (Francia). Por el momento, la compañía ha conseguido salir victoriosa en los litigios que mantiene en su país de origen.  

Las causas abiertas en Estados Unidos y Francia persiguen a los usuarios del servicio de alquiler de viviendas o habitaciones, no a la empresa. El Gobierno catalán acusa a Airbnb de competencia desleal, de beneficio ilícito y de mover gran cantidad de capitales mediante una actuación infractora para el interés turístico. Básicamente, contra la ciudad de Barcelona, uno de los destinos más solicitados por los usuarios del servicio.

El Gobierno catalán avisa de que el envite contra la firma estadounidense es muy serio. Si no cesa de forma inmediata la comercialización de inmuebles en Cataluña (que no tienen los permisos para operar como apartamentos turísticos), asegura que pondrá en marcha todas las actuaciones necesarias para impedir que opere en el territorio. Incluso plantea impedir el acceso al portal desde cualquier conexión (IP, la dirección del ordenador) que esté situada en el ámbito catalán.

Sería la primera ocasión en que una administración española restringiera el acceso a una web de estas características. La ejecución del plan es complicada, admite el propio Gobierno. Requiere de la colaboración de las operadoras y del regulador español por una cuestión de competencias. La Generalitat no fiscaliza el mercado de las telecomunicaciones.

De forma paralela al cerco al grupo estadounidense, la Administración catalana también ha reforzado la persecución a los propietarios de los pisos turísticos sin autorización. Tanto usuarios de este servicio como los que comercializan sus viviendas mediante otros canales.

Airbnb no publicita sus resultados, aunque los estudios del sector señalan que el grupo mueve unos 128 millones de euros sólo en la capital catalana. A nivel mundial, la compañía está valorada en casi 7.400 millones de euros.