Cataluña subcontrata gratis a las fincas de vecinos para ‘cazar’ a Airbnb
Si la administración no llega, que lo hagan los vecinos. El Gobierno catalán ha subcontratado gratis a los administradores de fincas para 'cazar' a Airbnb. ¿El objetivo? Encontrar y multar a los pisos para turistas sin licencia.
El Gobierno catalán y el Ayuntamiento de Barcelona intentan poner coto a los pisos turÃsticos ilegales, pero no lo consiguen. Quizás por ello, las fincas de vecinos delatarán a Airbnb y otras webs que anuncian pisos sin licencia a cambio de nada. El acuerdo, firmado recientemente con la Generalitat, prevé «hacer cumplir la normativa turÃstica» en la comunidad con más visitantes de España.
El sentir en el sector vacacional es otro. «Contratan a los administradores para hacer de policÃa. ¿Cómo sabrán los vecinos que un piso lo usan turistas? Es delación que retrotrae a otras épocas», valoran fuentes de la industria alojativa.
Pese al disfraz de buenas prácticas, la realidad que subyace es otra. Ayuntamiento y Generalitat están desbordados por la epidemia de alojamientos turÃsticos ilegales en Barcelona y cercanÃas.
37.000 viviendas
Las licencias registradas son 9.606 en la ciudad condal, y están congeladas. Nadie sabe la cifra real de ilegales. Sólo Airbnb y Homeaway anuncian 37.000 pisos y habitaciones en Barcelona y su conurbación. En el distrito barcelonés de Ciutat Vella, el más castigado por la saturación turÃstica, la oferta ilegal (1.900 pisos) triplica la legal (600).
En este tablero, Ayuntamiento y Generalitat han peinado la ciudad con ‘patrullas’ conjuntas para multar a las viviendas ilegales. No es suficiente. Ahora, la Dirección General de Turismo del Gobierno catalán da un paso más. «Es una medida cocinada entre la directora general, Marian Muro, y el subdirector general de Ordenación TurÃstica, Joan Abad», abundan las mismas fuentes.
Ni un duro
Pese a la voluntad de hacer cumplir la ley, ni Muro ni su departamento, el de EconomÃa y Conocimiento no pondrán un duro para la medida. El Colegio de Administradores de Barcelona y Lérida -una corporación de derecho público compuesta por profesionales privados- delatará a Airbnb por su «deber de colaboración» con las administraciones, confirma a 02B.
«Se basará en una denuncia que los propietarios o el Presidente trasladen al administrador sobre las quejas o molestias que sufran los habitantes del inmueble», concreta el Colegio, que ve la actuación como un «servicio» a sus asociados.
