Cataluña arrastrará a Airbnb a la legalidad
Cataluña prepara nueva normativa para dar cobijo legal a Airbnb, similar a la que ya existe en Ámsterdam, París o San Francisco, entre otras ciudades. Lo hará cerrando convenios con los portales de alquiler vacacional y ampliando las licencias turísticas.
Cataluña prepara el aterrizaje legal de Airbnb, que pondría fin a la inseguridad y permitiría recaudar impuestos que muchos anfitriones ahora no pagan. El ejecutivo regional prepara una batería normativa centrada en dos pilares: uno; nuevos tipos de alojamientos turísticos, y dos; convenios con las páginas de alquiler de pisos turísticos.
El anuncio llega poco después de conocerse que dos huéspedes casi fallecen por asfixia en una casa de Airbnb en Cantabria. El portal de alquiler ha retirado la vivienda, pero no se considera responsable, ya que sólo es un intermediario.
Ahora, esto podría cambiar. «La economía colaborativa ha llegado para quedarse. Ordenaremos la oferta y buscaremos convenios con los operadores existentes. Habrá noticia en las próximas semanas», avanzó el consejero catalán de Economía, Felip Puig, el viernes.
Cambio de actitud
La nueva normativa supone un giro de 180º grados respecto a 2014. El año pasado, Cataluña fue la primera región en multar a Airbnb por desarrollar una actividad irregular. La web de economía colaborativa hincó la rodilla y acabó pagando 30.000 euros.
Asimismo, el marco legal huiría del modelo vigente en la capital de España: en la Comunidad de Madrid Airbnb puede ofrecer habitaciones siempre que sean para cinco noches o más. La exigencia es parte del decreto de Apartamentos Turísticos que el ejecutivo de Ignacio González aprobó en julio del año pasado.
La senda legal
Más comedido, un portavoz de Airbnb ha señalado a 02B que «hemos mantenido conversaciones constantes con las diferentes administraciones en Barcelona y el resto de España para colaborar en elaboración de una normativa clara y justa para compartir el propio hogar«.
La multinacional con sede en San Francisco busca seguir los pasos dados por París, Ámsterdam, Londres, San Francisco, Washington DC, Chicago y San José (EEUU). Todas estas ciudades han impulsado normas para encajar la web en su ordenamiento y recaudar impuestos, como si de un alojamiento turístico convencional se tratara.
