Canarias deja a 50.000 viviendas vacacionales en la ilegalidad
El gobierno de Canarias debe devolver a 50.000 viviendas vacacionales a la legalidad. Es lo que creen los propietarios, que acusan al ejecutivo de "echarlos de la ley" dos días antes de las elecciones. Según ellos, en juego está el 33% del PIB turístico del archipiélago.
Canarias ha dejado en la ilegalidad a cerca 50.000 viviendas turísticas. Los propietarios de apartamentos vacacionales han lanzado una campaña para evitar ser multados con sanciones de 30.001 a 300.000 euros por alquilar sus chalés a otros particulares. Aseguran que su actividad «es la que dio a luz al turismo en Canarias» y piden al ejecutivo que rectifique.
En el centro del conflicto está el Decreto 113/2015 que regula la vivienda vacacional en el archipiélago. «Trabajamos toda la legislatura para regular nuestra actividad. Dos días antes de las elecciones, el 22 de mayo, nos encontramos que el decreto prohíbe el alquiler entre privados en zonas rústicas y turísticas», explica Doris Borrego, presidenta de la asociación de propietarios Ascav.
Con la nueva norma, los canarios no pueden alquilar sus viviendas a no ser que tengan una unidad de explotación, una suerte de título habilitante.
«Una actividad decana»
El debate está en que los alquileres vacacionales en las Islas Canarias son una actividad que se remonta a décadas atrás. «Y lo que es más, da de comer a 53.000 familias. Familias que viven en un archipiélago con un 32% de paro», recuerda Borrego.
La nueva regulación, asegura Ascav, arruina a miles de familias. Por ello, la asociación ha presentado un recurso contra el decreto y ha apelado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). En paralelo, ha lanzado una campaña de protesta que ha traspasado fronteras. «Ya ha llegado a Alemania. Algunos turoperadores han anulado reservas. Ven inseguridad jurídica», alerta la propietaria.
Rectificarán
El conflicto, que ha dejado en el limbo a los propietarios, debería zanjarse el martes, cuando Fernando Clavijo (Coalición Canaria) sea investido presidente. «En su discurso de investidura, ya esperamos que mencione cambios en el decreto, porque hemos recibido un apoyo casi unánime: registradores, todos los partidos, etc», añade Borrego.
Si hay tal consenso político, ¿por qué se sacó de la legalidad a miles de viviendas? «Lisa y llanamente: los hoteleros presionaron. Como un lobby. Buscan quedarse con el mercado del alquiler vacacional, que es un 33% del PIB turístico de Canarias. Por eso forzaron un cambio de decreto a última hora, que ningún partido quería», concluye la activista.
