Barcelona tiene un inspector turístico por cada 333 apartamentos ilegales

Cómo buscar una aguja en un pajar. Pese al tópico, es la realidad a la que se enfrentan los inspectores turísticos de Barcelona. El Ayuntamiento catalán sólo tiene en plantilla a 18 profesionales que deben compaginar la labor con, por ejemplo, controlar las terrazas de la ciudad, otro de los grandes focos de conflicto para Ada Colau. Una cifra a todas luces insuficiente para detectar los 6.000 apartamentos que ofertan Airbnb y Homeaway en la ciudad condal.

El resultado de la ecuación es de un investigador por cada 333 alojamientos irregulares. Por ello, desde el consistorio explican que los 51 revisores pertenecientes a los distritos colaboran en la detección de pisos. Sin embargo, éstos también deben encargarse de las inspecciones a locales comerciales, bares, o tránsito.

¿Qué hago si tengo un piso turístico en la escalera?

Ante la falta de recursos, los vecinos se encuentran sin respuestas a la hora de echar a sus vecinos foráneos. «Muchos no las conocen, pero tienen vías para acabar con estas actividades», explica Mariona Torra, abogada del Col·lectiu Ronda, a 02B. En primer lugar, avisar a la Guardia Urbana para que levanten acta. «Posteriormente, deben presentar instancia al Ayuntamiento, que tiene un plazo de tres meses para actuar», prosigue.

Pero las notificaciones se acumulan, pues el centro de recepción de llamadas del consistorio atendió más de 3.000 quejas en 2015. Las multas y expedientes no llegan a todos. «No deben detenerse», avisa. Y receta: «Si sólo obtienen silencio pueden denunciar el Ayuntamiento por pasividad y reclamar daños y perjuicios ante el juzgado».

Pese a ser una herramienta desconocida, ya hay varios procesos judiciales abiertos por parte de vecinos de l’Eixample y la Barceloneta. El consistorio focaliza esfuerzos en acabar con la oferta de alojamientos ilegales, «pero no acostumbran a contestar las instancias», lamenta la letrada.

El camino legal también puede iniciarse si los inquilinos, pese a hospedarse en un apartamento regulado, generan molestias. «Es una vía totalmente recomendable, son casos ganados casi de antemano», sentencia Torra.

Sólo 33 precintos

El año pasado, la administración de Ada Colau ordenó el cese de la actividad de 388 viviendas de uso turístico fraudulento. Sólo se precintaron 16, los que prosiguieron con el alquiler. Mientras, otras 17 tienen ya la orden de clausura.

En todo 2015 se llevaron a cabo 2.146 inspecciones a 1.745 viviendas. Vigilancias que generaron 482 expedientes por un importe máximo de 30.000 euros y 226 por uno de 900.