Baleares embiste a Airbnb con una multa millonaria

El gobierno de las Islas Baleares sanciona a Airbnb con 300.000 euros por promocionar viviendas turísticas ilegales

El gobierno de las Islas Baleares no está dispuesto a perdonar la expansión de viviendas ilegales en sus centros turísticos. Tras varias advertencias ha notificado a Airbnb que le iniciará un procedimiento administrativo por 300.000 euros.

La Vicepresidencia y Conselleria de Innovación, Investigación y Turismo han impuesto esta sanción a Airbnb Ireland UC, titular de la plataforma, por una “infracción muy grave” al promocionar viviendas turísticas que no cumplen la normativa autonómica.

De qué acusa el gobierno a Airbnb

En concreto, según el Gobierno balear, Airbnb ha comercializado viviendas turísticas sin la declaración responsable de inicio de actividad turística (DRIAT) o sin indicar el número de inscripción turística. La plataforma tiene ahora 15 días hábiles para presentar alegaciones.

Este es el primer expediente sancionador que se abre desde la aprobación de la ley turística de Baleares, que desde 2012 prohíbe el alquiler vacacional de viviendas en edificios plurifamiliares. Sin embargo en la reforma del año pasado se estableció un régimen concreto para hacer efectiva esta prohibición.

La multa a Airbnb es la primera que se aplica tras la reforma de la Ley de Turismo

Si bien en este caso la sanción es de 300.000 euros, las multas por faltas consideradas como muy graves pueden llegar a cuantías de hasta 400.000 euros.

Por ello, advierten desde la administración balear, en caso de que la plataforma Airbnb reincida en la comercialización de viviendas turísticas ilegales, la sanción podrá ser incrementada.

El acta que certifica la infracción que motiva este expediente fue levantada el 1 de febrero de 2018, y contiene en sus anexos 20 viviendas turísticas consideradas como oferta ilegal según la Ley 6/2017.

Airbnb recurre la multa

Airbnb anunció que recurrirá la multa y aseguró que las familias de las islas perderán 100 millones de euros por la restricción de esta actividad.

La plataforma no rechazó la acusación de promover viviendas ilegales, pero dijo que las leyes autonómicas «deberían ayudar a distribuir los beneficios del turismo entre las familias y el conjunto de la comunidad», en lugar de «mantenerlos en manos de unos pocos».

Los antecedentes de Barcelona

Baleares sigue la senda de Barcelona, que había sancionado a la plataforma con 600.000 euros, multa que sigue en proceso porque fue recurrida por Airbnb.

También la Comunidad de Madrid abrió la puerta a posibles sanciones a las plataformas de alojamiento, al considerarlas como empresas turísticas en el borrador de regulación de viviendas turísticas, y que en caso de faltas muy graves, también pueden tener multas que van desde los 30.000 hasta los 300.000 euros.

a.
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