Japón arrincona a Airbnb con una ley de inspiración barcelonesa
Las autoridades niponas obligan a Airbnb a eliminar el 80% de los pisos turísticos que ofrece por no cumplir con los requisitos legales
El de Japón se suma al listado de gobiernos que presionan a Airbnb para que suprima los alojamientos ilegales. Ante la llegada de la nueva ley de viviendas turísticas en el país, la tecnológica anunció que eliminó al 80% de los anuncios que tenían disponibles en aquel mercado.
Estas viviendas fueron borradas porque no contaban con el permiso necesario para operar, condición obligatoria que establece la nueva ley, que entrará en vigor el 15 de junio.
Según informa Nikkei, la plataforma Airbnb pasó de contar con más de 62.000 propiedades anunciadas en Japón a unas 13.800 viviendas. El diario apunta a que empresas como Homeaway o la china Tujia podrían seguir sus pasos.
Reglas más simples
La nueva ley nipona reduce los obstáculos legales, permitiendo a los anfitriones proporcionar alojamiento hasta por 180 días al año mediante el registro previo de sus viviendas con las autoridades locales, y obliga a los propietarios a alquilar el inmueble al menos una semana seguida.
Airbnb pasó de ofrecer 62.000 viviendas a 13.800 por la presión del gobierno japonés
La agencia de turismo de Japón había presionado a las plataformas como Airbnb para que cancelaran las reservas de las viviendas que no tenían permisos para operar.
En paralelo, decenas de municipios también emitieron normativas para regular los pisos turísticos, conocidos como ‘minpaku’, en donde se prohíbe los alquileres en distritos residenciales y acortan los días operativos máximos por año, lo que entra en conflicto con la letra de la nueva ley.
Cambio en el modelo de negocio
Esta reglamentación es un traspié para el modelo de negocio de Airbnb, que aterrizó en Japón en 2013. Con el 80% de las viviendas eliminadas, reenfocará su estrategia para captar más ingresos por medio de las reservas de tours y experiencias.
La iniciativa del gobierno japonés es similar a la que en España ha emprendido el Ayuntamiento de Barcelona, que mantiene una presión constante sobre Airbnb para que elimine los pisos que no tienen habilitación para ser alquilados a turistas.
En destinos españoles, como Palma, su gobierno prohibió que haya este tipo de alquileres en zonas turísticas, para quitar presión a la masificación de los puntos más concurridos.
