Las capitales turísticas de Europa cierran el cerco sobre Airbnb

Algunas de las ciudades más importantes de Europa han formado un frente común y exigen a la Comisión Europea que elabore un reglamento para regularizar el alquiler de viviendas turísticas.

Los representantes de los ayuntamiento de Madrid, Barcelona, París, Cracovia, Reikiavik, Viena, Bruselas y Ámsterdam firmaron un acuerdo al término de una conferencia sobre Renta Turística Europea, en la que el principal punto es instar a que la CE obligue a las plataformas a informar quiénes son los propietarios que ofrecen sus viviendas para alquiler turístico.

Impacto al negocio

Esta exigencia golpea en el corazón del negocio: el activo más valioso para Airbnb, Booking.com, Home Away y otras plataformas es no desvelar la identidad de los propietarios, ya que de lo contrario el interesado podría contactarle directamente y así evita abonar los gastos de gestión.

También puede desvelar una de las facetas más incómodas para estas plataformas: reconocer que un 20% de los propietarios no son personas que ofrecen una habitación para obtener un ingreso extra sino que se trata de entramados inmobiliarios que cuentan con más de diez propiedades. E incluso se llega a casos de empresas que cuentan con un portfolio de más de cien viviendas.

Los ayuntamientos quieren que la UE obligue a revelar las identidades de los propietarios de pisos turísticos

La presión de los ayuntamientos responde a varios criterios. Uno es el fiscal, porque si bien las plataformas como Airbnb insta a los propietarios a que declaren sus ingresos, las autoridades de cada país no pueden tener un control 100% efectivo si sólo dependen de la buena voluntad del contribuyente.

Por ello, en España el ministerio de Hacienda obligará a los propietarios a informar cuánto dinero han recaudado, qué cantidad de días han alquilado la vivienda y los datos completos de los propietarios, desde el nombre y apellido hasta la clave de identificación fiscal.

El dilema de la masificación

Otro es la carga de presión turística: los ayuntamiento quieren saber exactamente cuántas viviendas de este tipo hay en el mercado para poner límites a su expansión y tiempo de estadía.

En Reikiavik, donde viven menos de medio millón de personas, recibe 2,5 millones de visitantes, describió su teniente de alcalde Sigurdur Bjorn Blondal. En el caso de Ámsterdam, el teniente de alcalde Laurens Ivens recordó que el consistorio limitó los alquileres de pisos turísticos a un máximo de 30 días anuales, como parte de un paquete de medidas que incluye la prohibición de abrir nuevos comercios para el turismo en barrios del centro.

Madrid no otorgará más licencias por un año, hasta que se promulgue el nuevo Plan de Especial de Alojamientos Turísticos. En tanto, en Barcelona mantiene la moratoria sobre alojamientos (tanto hoteles como apartamentos), y redobla la presión para que Airbnb borre de su portal los alojamientos no autorizados.

Londres y Berlín no han asistido a esta conferencia, pero fueron invitados a sumarse a la declaración que elevarán a Bruselas en febrero.

Airbnb salió públicamente a defender su modelo de negocio y recordó que trabaja con 300 ayuntamiento de Europa para aclarar los desacuerdos de este tipo de alquileres. “Mientras otras compañías, como HomeAway, Tripadvisor, Expedia o Booking.com no hacen nada, nosotros abogamos por un crecimiento responsable”, afirma la plataforma en un comunicado.