Una empresa ofrecía puestos de trabajo fantasmas en el aeropuerto de Barcelona

Una empresa que ofrecía puestos de trabajo inexistentes en la Terminal 1 del aeropuerto de El Prat en Barcelona no sólo timó a decenas de parados, sino que también burló los controles de la administración para que los estafados tramitaran créditos ventajosos del Server d’Ocupació de Catalunya (SOC) para financiar los cursos de formación.

Entre 2007 y 2009, la compañía, aprovechando la construcción de la nueva terminal, publicó en la prensa ofertas de empleo de todo tipo en las nuevas instalaciones aeroportuarias. Los interesados, la mayoría jóvenes, inmigrantes y trabajadores en paro, se ponían en contacto con la compañía para aspirar al puesto.

“Cuando contactabas con ellos, te decían que antes de comenzar a trabajar, era obligatorio hacer un curso de formación que costaba unos 2.500 euros. Al final, todo era una estafa y los puestos de trabajo no existían”, explica Brenda Berrocal, portavoz de los afectados que han llevado a juicio a la empresa por estafa.

Créditos ventajosos

Los solicitantes pagaban 300 euros de paga y señal para reservar la plaza en el curso y, de no disponer del resto del dinero, eran asesorados para solicitar un préstamo a través del SOC con unas condiciones muy ventajosas. “Como tramitaban los créditos con el SOC, muchos afectados pensaron que los cursos y las ofertas eran reales”, explica Berrocal.

Pero cuando los interesados acudían al primer día del curso se daban cuenta de que se trataba de un timo. “Me mandaron a sentarme en una silla a rellenar cuestionarios. Y de eso trataba el curso: de hacer cuestionarios inútiles. Ese mismo día les dije que me devolvieran el dinero”, explica un afectado que obtuvo la aprobación de un crédito oficial que finalmente no firmó.

Las denuncias del SOC

El SOC asegura que a finales del 2008, ante las quejas de los afectados, acudió a los Mossos d’Esquadra para denunciar a la empresa Two Times Systems y advirtió rápidamente a todas las oficinas de que los cursos ofrecidos por la empresa eran una estafa. La administración pública desconoce, no obstante, cuántos afectados tuvieron que seguir pagando sus créditos tras desvelarse el fraude.

La empresa firmaba unos 40 contratos al mes y algunos de los estafados tomaron por la fuerza las oficinas para exigir la devolución del dinero, una acción que terminó con la intervención de los Mossos d’Esquadra. El juicio contra la empresa, dirigida por un comerciante argentino, se encuentra en fase de instrucción.